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Denuncia la SICT ante la FGR a organizadores de bloqueos en el Istmo
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Denuncia la SICT ante la FGR a organizadores de bloqueos en el Istmo

Amando Orozco30 de agosto de 2026

Fue dirigida a la Fiscal Federal en el estado, Licenciada Damaris Baglieto Hernández, tras los cierres viales registrados el sábado 29 de agosto a la altura del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oaxaca. -En un hecho sin precedentes para liberar las vías de comunicación en la región del Istmo de Tehuantepec, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de nueve personas y quienes resulten responsables por la obstrucción de la carretera federal 185 Transístmica (Panamericana).

La querella, promovida por el Maestro Pablo Olazo Aquino, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SICT Oaxaca, fue dirigida a la Fiscal Federal en el estado, Licenciada Damaris Baglieto Hernández, tras los cierres viales registrados el sábado 29 de agosto a la altura del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

Entre los principales señalados en el expediente de la autoridad federal figuran Bernardo Castillo Terán, Guadalupe Candelaria López, Alma Delia Orozco Valdivieso, Sara Vázquez García, Xhunaxhi del Carmen Vázquez Orozco, Shunashi Darina López Marcial, Gabriela Sánchez Cruz, Martha Sánchez Matus y Mística Zárate Luis.

De acuerdo con el documento oficial, las afectaciones comenzaron a registrarse alrededor de las 10:40 horas, situación que fue alertada de inmediato por la Coordinación de Delegados de Paz del Gobierno del Estado. Ante esto, la SICT activó los protocolos legales fundamentados en la Ley de Vías Generales de Comunicación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como parte del proceso judicial que ya se encuentra en marcha, el Ministerio Público Federal citará en los próximos días a los imputados para desahogar las diligencias correspondientes y determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

Autoridades locales y sectores productivos coincidieron en que la obstrucción de esta vía estratégica no solo estrangula la economía regional al detener el libre tránsito de mercancías, sino que vulnera la seguridad de la población al impedir el paso de servicios de emergencia, traslados médicos urgentes y el libre desplazamiento de estudiantes y trabajadores de la zona del Istmo.