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Comuneros zoques dan 30 días a ejidatarios chiapanecos para disolver su ejido
La notificación fue entregada el pasado martes, durante una asamblea celebrada en el propio ejido Gustavo Díaz Ordaz, a la que acudió una comisión integrada por alrededor de 400 comuneros de San Miguel Chimalapa.
SAN MIGUEL CHIMALAPA, Oaxaca. -En una acción que busca resolver por la vía del diálogo un conflicto agrario de décadas, autoridades comunales de San Miguel Chimalapa entregaron una notificación formal a los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, para que, en un plazo de 30 días, decidan la disolución voluntaria de su núcleo ejidal y se incorporen a la comunidad agraria de San Miguel Chimalapa.
La notificación fue entregada el pasado martes, durante una asamblea celebrada en el propio ejido Gustavo Díaz Ordaz, a la que acudió una comisión integrada por alrededor de 400 comuneros de San Miguel Chimalapa.
En el encuentro, los habitantes del poblado aceptaron escuchar el planteamiento presentado por las autoridades comunales, quienes insistieron en que su propuesta no pretende desalojar a las familias ni impedir que continúen trabajando sus tierras, sino regularizar su situación agraria bajo el régimen de bienes comunales.
El documento, aprobado por la Asamblea General de Comuneros de San Miguel Chimalapa y fechado el 4 de agosto de 2026, sostiene que el ejido fue creado sobre territorio comunal y solicita que la asamblea ejidal acuerde su disolución voluntaria para incorporarse al núcleo agrario, en apego al estatuto comunal.
Las autoridades comunales concedieron un plazo de 30 días, contados a partir de la entrega de la notificación, para que los ejidatarios emitan una respuesta.
La propuesta forma parte del denominado Plan de Conciliación impulsado por los comuneros de San Miguel Chimalapa, quienes sostienen que buscan una solución pacífica al diferendo territorial entre Oaxaca y Chiapas.
El conflicto tiene antecedentes de varias décadas y cobró mayor relevancia tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció la pertenencia de la zona en disputa al estado de Oaxaca; sin embargo, la regularización agraria de algunos asentamientos continúa pendiente.
