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Exigen debate público antes de consultar reforma sobre ley indígena
El comité busca construir un instrumento jurídico ejemplar que garantice un desarrollo comunitario alternativo, el derecho fundamental al no consentimiento y el respeto a los derechos de la naturaleza.
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oaxaca. -El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas exigió formalmente al gobierno federal suspender la actual jornada informativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para abrir primero un debate público nacional de cara a la nación.
Los representantes de la organización, Luis Bustamante y Miguel Ángel García Aguirre, propusieron formalmente como sedes oficiales el Senado de la República o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo central de este encuentro es analizar a fondo la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual consideran que contiene puntos críticos preocupantes que acotan y limitan gravemente los derechos fundamentales de las comunidades originarias.
Los ambientalistas advirtieron que el actual proyecto oficial restringe las garantías constitucionales de autodeterminación, tierra y territorio, dejando la vía libre a la devastación de los bienes naturales por parte de megaproyectos extractivistas a gran escala y de la especulación inmobiliaria.
Esta profunda preocupación radica en que la propiedad social ejidal y comunal abarca la mitad del territorio mexicano y concentra el 85% de la biodiversidad biológica del país, ubicada principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
Dichas regiones sufren hoy una grave crisis ecológica con una alarmante tasa de deforestación de 200 mil hectáreas anuales y un 50% del suelo nacional erosionado, por lo que esta reforma no debe reducirse a un simple trámite burocrático de alzar la mano.
El comité busca construir un instrumento jurídico ejemplar que garantice un desarrollo comunitario alternativo, el derecho fundamental al no consentimiento y el respeto a los derechos de la naturaleza.
Para lograrlo, exigen integrar aportes históricos insustituibles como los incumplidos Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa de Ley COCOPA. Escuchar a los verdaderos guardianes indígenas del territorio es urgente para frenar la pérdida de valiosos servicios ecosistémicos.
